jueves, 2 de agosto de 2012

Fitch baja dos escalones el rating de Sabadell tras la compra de CAM

31.07.2012 Barcelona S.Saborit. 
La agencia Fitch acaba de asestar un nuevo golpe a Banco Sabadell. En contra de la opinión favorable que tiene de la entidad la Comisión Europea, Fitch ha rebajado de BBB a BB+ la calificación de la deuda a largo plazo del grupo financiero, a quien también otorga una perspectiva negativa.
La calificación de BB+ equivale en el sector a un bono basura, es decir, sitúa al banco en el nivel de no inversión. Fitch ha decidido revisar a la baja el rating de Sabadell después de que el pasado 1 de junio la entidad cerrara la compra de Banco CAM, operación que lleva aparejado un Esquema de Protección de Activos (EPA) que cubre el 80% de las pérdidas potenciales.
La rebaja de rating se produce a pesar de que Sabadell haya manifestado una y otra vez que no necesitará solicitar ayudas y que podrá hacer frente plenamente a las exigencias de saneamiento decretadas por el Gobierno. De hecho, hasta el primer semestre el banco ya ha logrado cubrir el 75% de las dotaciones exigidas, quedando pendientes de provisionar 700 millones.
Fitch justifica el nuevo rating ante la prolongada recesión económica y el alargamiento de la crisis inmobiliaria que sufre España. “A pesar de que Sabadell tiene un buen expediente en la integración de bancos, Fitch considera que darle la vuelta a la franquicia CAM será un reto muy grande en el clima tan difícil actual, dado su tamaño y el deteriorado nivel de los depósitos de CAM tras la intervención”, afirma la agencia.
La decisión de Fitch de bajar el rating de Sabadell choca frontalmente con el informe sobre la compra de CAM que emitió ayer la Comisión Europea. Según el documento, “Sabadell ha demostrado en el contexto actual su capacidad de mantener alta rentabilidad, solvencia, eficiencia y ratios de productividad durante la crisis”. Asimismo, Bruselas considera que “la solvencia y recursos de Banco Sabadell superan los ratios exigidos”. La Unión Europea ha cifrado en 14.200 millones las ayudas concedidas a Banco CAM y sitúa la pérdida esperada de la cartera problemática entre 9.300 y 10.600 millones.



miércoles, 1 de agosto de 2012

BASURA

Ahora bien, la pregunta, no por repetida deja de ser relevante. ¿Quién está detrás de estas agencias de calificación y por qué las decisiones de dichas entidades privadas tienen tanto poder en los asuntos públicos? Entre Standard & Poor's, Moody's y Fitch forman la santísima trinidad de las agencias de notación del sector financiero a nivel mundial. Controlan el 90% del negocio.
S&P es 100% propiedad de la editora estadounidense McGraw Hill, cuya sede también se encuentra en Manhattan, y cuyo negocio se centra en gran medida en aspectos relacionados con la educación. Los accionistas de McGraw Hill son las financieras Capital Group (12,3%) y Slate Street (4,3%), la empresa para inversores de fuera de Estados Unidos Vanguard Group (3,8%), la multinacional financiera BlackRock (3,8%), el banco de inversión Oppenheimer Funds (3,4%), la firma de inversiones T. Rowe Price (3,3%), el 'fund' Dodge Cox (2,4%), Fiduciary Management (2,05%), Independent Franchise Partners (1,37%) y el fondo de pensiones de los profesores de Ontario, en Canadá (1.94%).
No deja de ser curioso que S&P y Moody's compartan accionistas, que son Capital Group (12.38%); State Street (3.36%); Vanguard Group (3.36%); BlackRock (3.28%) y T Rowe Price (5.95%). En el caso de Moody's, cuya sede central se encuentra en el 250 de la calle Greenwich, en uno de los complejos del World Trade Center, en Manhattan, los principales accionistas, además de los ya citados, son: Berkshire Hathaway Inc (12,47%), Capital Research Global Investors (que forma parte de Capital Group) (3,66%), Value Act Capital Managment (3,63%), Neuberguer Berman (2,86%) e Invesco Advisers (2,55%). Berkshire Hathaway Inc es el conglomerado empresarial de la 'celebrity' de los inversores, del oráculo de Omaha, el señor Warren Buffet.
Por último está Fitch, con sedes en Nueva York y en la City de Londres, y cuyo accionariado es menos complejo que en las otras dos compañías. El 60% es de la francesa Fimalac (Financière Marc de Lacharrière), cuya sede se ubica en París, y The Hearst Corporation (editora de numerosos diarios y revistas, entre otros productos, como Cosmopolitan, Elle o Marie Claire), que tiene el 40% de la compañía.
Por otro lado, cabe recordar que estas agencias de calificación dieron su máxima nota a las hipotecas subprime allá en 2008, días antes de que estallara la gran crisis y se convirtieran dichos productos financieros, casi por arte de birlibirloque, en basura. Entonces, ¿por qué se les sigue dando tanto crédito? Las grandes multinacionales financieras tienen muy en cuenta los informes que presentan estas compañías cuando deciden hacer una inversión en el sector privado o en un país. Sus empleados son analistas a los que se les supone que dominan a la perfección los resortes de los países y de las compañías que califican.

miércoles, 27 de junio de 2012

PREJUBILACION vs DESPIDO

Las indemnizaciones por despido improcedente pactado pagarán IRPF

Las indemnizaciones por despido improcedente acordadas entre empresarios y trabajadores tendrán que tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) si el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación no determina la improcedencia del despido, según la redacción definitiva de la ley de reforma laboral que el Congreso aprobará la próxima semana. Es decir, que los acuerdos privados a los que se lleguen para aceptar el despido improcedente sin acudir a conciliación administrativa tendrán que pagar impuestos.
La reforma laboral ha eliminado el despido exprés que introdujo el Gobierno de José María Aznar, en el que bastaba que el empresario reconociera por escrito la improcedencia del despido y abonara la indemnización prevista por la ley (45 días por año trabajado hasta un máximo de 42 mensualidades) para que éste tuviera efecto. El trabajador no tenía que pagar IRPF por esa indemnización. A partir de ahora, al eliminar la exención en estos casos pactados sin acto de conciliación, el trabajador despedido puede tener que llegar a pagar a Hacienda hasta la mitad de lo recibido. El Ministerio de Hacienda confirmó que desaparece esta exención y que no prevé volver a introducirla.
Se vuelve a la situación anterior a 2002, en la que para que quedaran exentos se requería que un acta de conciliación ante los servicios de mediación y arbitraje o ante los tribunales reconociera la improcedencia del despido. Por eso, los despachos de abogados advierten de que se va a incrementar la litigiosidad aparente o el recurso a la autoridad laboral, cuando uno de los objetivos de la reforma era justo lo contrario.
Ante las dudas que surgieron respecto a la exención de la indemnización por despido improcedente con el decreto ley, en la tramitación parlamentaria se introdujo una enmienda del Partido Popular donde definitivamente queda claro que, a partir de la entrada en vigor de la ley, el despido exprés y su exención fiscal pasan a mejor vida. La enmienda aprobada dice que las indemnizaciones por despidos producidos desde la entrada en vigor del real decreto de reforma laboral «y hasta el día de la entrada en vigor de la ley estarán exentas en la cuantía que no exceda de la que hubiera correspondido en el caso de que este hubiera sido declarado improcedente, cuando el empresario así lo reconozca en el momento de la comunicación del despido o en cualquier otro anterior al acto de conciliación y no se trate de extinciones de mutuo acuerdo en el marco de planes o sistemas colectivos de bajas incentivadas».
Las prejubilaciones también están en el punto de mira de la reforma. Incluso se ha endurecido en la tramitación parlamentaria la penalización por prejubilar. Las empresas con más de 100 trabajadores que prejubilen a mayores de 50 años pagarán entre el 65% y el 100% de las prestaciones por desempleo, cotizaciones a la Seguridad Social y un canon sobre los subsidios.
Tres fórmulas
La reforma laboral elimina la indemnización de 45 días por año hasta un máximo de 42 mensualidades en los despidos improcedente a partir de la entrada en vigor del decreto ley en febrero, pero consolida los derechos adquiridos hasta esa fecha. La indemnización por despido improcedente de los contratos anteriores al decreto de reforma laboral se calculará a razón de 45 días por año por el tiempo transcurrido hasta la reforma laboral y 33 días por año por el tiempo de prestación de servicios posterior. El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario (resultado de multiplicar 33 días por 24 meses), salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior a la entrada en vigor del decreto-ley resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo. Es decir, que si hasta el decreto ya había generado 900 días de indemnización se quedará con esa cuantía sin generar más. En ningún caso se podrán superar las 42 mensualidades. El despido objetivo por causas económicas, organizativas o técnicas tiene una indemnización de 20 días hasta un máximo de 24 mensualidades.
Los sindicatos consideran que la reforma laboral abarata el despido, consolida y refuerza la prevalencia de las decisiones empresariales, desequilibrando las relaciones laborales en la empresa en perjuicio de los trabajadores. Sin embargo, Bernardo Pérez-Navas, asociado senior del departamento laboral de Garrigues, cree que la reforma laboral proporciona más mecanismos de flexibilidad interna a las empresas y permite que el ajuste sea menos traumático. Además, recalca que «mantiene el control judicial y aporta seguridad jurídica al fijar criterios objetivables para los despidos».