DONOSTIA. La casuística entre los jubilados y pensionistas es muy variada, pero en varias ocasiones suscita dudas sobre la justicia del propio sistema, a punto de ser reformado el próximo día 28 en unas condiciones más restrictivas. La comisión de Política Social de las Juntas Generales de Gipuzkoa -es la única institución que les ha recibido, junto al Ayuntamiento de Zeanuri- pasó ayer por el trago de escuchar, a petición de Aralar, las penas de algunos de nuestros mayores y ninguno de los grupos políticos allí representados pudo rebatir los argumentos y las reivindicaciones de quienes se sienten "vejados", tal y como manifestaron dos representantes de FEVAAS, la Federación Vasca de Prejubilados y Pensionistas, Miguel Gortari y José María Uruñuela.
Los grupos, lejos de discutir entre ellos, tuvieron que empatizar. A lo más, el grupo socialista, que se sabe responsable de gestionar este problema en el conjunto del Estado, fue el más directo: "Entendemos las reivindicaciones, pero estamos en una situación muy crítica y esperamos que a corto o medio plazo se puedan corregir todos los desajustes".
El debate se centró en aquellos trabajadores de avanzada edad, entre 55 y 60 años la mayoría, que "en la década de los 90 fueron forzados a jubilarse anticipadamente, en pequeñas empresas, con más de 35 años cotizados", y a los que les aplicaron de "forma torticera" la Ley de la Seguridad Social de 1966, lo que les obliga a cobrar de por vida el 60% de la base reguladora que le corresponde a un trabajador que haya cotizado tantos años como él.
El Grupo Popular anunció que propondrá a la Cámara guipuzcoana elevar una petición al Gobierno español para reparar este problema. Ya lo hizo el propio Parlamento Vasco en 1999, sin éxito. Incluso el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó en 2006 una proposición no de ley propuesta por el PNV en este sentido, que contó con el sí de 310 de los 350 diputados. Esta petición "no supone una obligación jurídica, pero sí creemos que es una obligación moral", aclaró el vicepresidente de FEVAAS, José María Uruñuela.
Mientras el colectivo de afectados, entre 25.000 y 40.000 en la CAV y cerca de 1,4 millones en el conjunto del Estado -según admite el Gobierno-, va menguando por el paso del tiempo, el Ejecutivo, según FEVAAS, esgrime como argumento para posponer este asunto al enorme coste que supondría reparar a tanta gente. Ningún partido discute este desajuste del sistema, aplicado en los 90 a través de una ley hecha para aquellos que pedían la "prejubilación voluntaria, mientras que la nuestra fue forzosa". Esta norma aplica un coeficiente reductor del 8% anual (40% en cinco años, de los 60 a 65) -en 1997 se redujo al 6%- en la pensión y se creó para que la Seguridad Social no se resienta en su equilibrio económico-financiero, garantizando que el coste para el mismo es igual, tanto si la pensión se abona a partir de los 65 años, como si se otorga anticipadamente.
Según explicaron Gortari y Uruñuela, "los prejubilados a los 60 con una pensión, al llegar a los 65 años ya han cobrado tres pensiones anuales (0,6 de pensión anual mulitiplicado por cinco años), cuando el que se jubiló a los 65 no ha cobrado nada. Pero como a partir de los 65, los prejubilados siguen cobrando el 60%, y los que se retiraron a los 65 perciben el 100%, la diferencia entre ambos va disminuyendo.
Dicha fórmula se ha tornado en una "cadena perpetua" para aquellos pensionistas que superan los 72,5 años. A esa edad, según cálculos de FEVAAS, el montante percibido en pensiones por este colectivo que empezó a cobrar la paga cinco años antes, a los 60, se equipara con el de aquellos que se jubilaron a los 65. En lo sucesivo, y durante el resto de su vida, en tanto no se corrija esta situación, seguirán percibiendo solo el 60% de la paga.
José María Uruñuela, vicepresidente de FEVAAS, explicó su propio caso: "Me quedé en la calle con 57 y medio; agoté los dos años de paro que tenía y aún me quedaban un par de meses para los 60. Fui a Podavines para pedir el subsidio para parados mayores de 52 años que aún había y que se dejaba de cobrar a los 60. Pregunté si podía seguir cotizando, pero me dijeron que tendría que estar en nómina de una empresa. Comencé a cobrar el 60% de la base reguladora para siempre y ya tengo 77 años. Es como estar condenado a cadena perpetua".
BAJO EL UMBRAL DE LA POBREZA Pero la reivindicación de FEVAAS en Juntas fue más allá. Ahondaron en la situación de las pensiones de viudedad -hay 130.000 en la CAV-. "La mayor parte de ellas corresponde a mujeres con una paga media de 670 euros al mes y que, a pesar de ser la más alta del Estado, no podemos olvidar que hay casi un 80% de viudas que no han trabajado más que en sus hogares y viven por debajo del umbral de la pobreza", que FEVAAS cifró en los 1.050 euros al mes (60% de la renta per cápita).
Le piden al Gobierno que estas pensiones alcancen el 70% de la base reguladora de su exmarido -en la actualidad es de sólo el 52%-, tal y como prometió el propio Zapatero en las campañas de 2004 y 2008.
Además, este colectivo no se siente representando, ya que los sindicatos no dan voz a los ocho millones de personas mayores que calculan hay actualmente en todo el Estado. En su lucha por ser un agente económico más, critican el torpedeo a la iniciativa Mesa de Mayores, firmada por asociaciones que representaban a dos millones de jubilados y pensionistas y que ha sufrido la deserción de varios colectivos vinculados a sindicatos y partidos políticos. Dicha iniciativa arrancó como protesta ante el real decreto que el Gobierno aprobó en mayo con los recortes.
Gortari y Uruñuela dijeron que no se sienten "culpables del déficit del Estado y piden que además de corregir situaciones de injusticia en el sistema, se defienda lo establecido en el Pacto de Toledo. "No pedimos ningún privilegio, reclamamos lo nuestro", concluyeron.
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